Grupos armados provocan el desplazamiento de más de 800 campesinos en Colombia

Lo advirtieron en 2018, 2019 y más recientemente el 24 de enero de este año: por la disputa entre diferentes grupos armados ilegales, en Ituango, un municipio ubicado en el noroccidente de Colombia, “podría al recrudecerse la violencia en sus formas de actuación y aumentar la capacidad de intimidación contra la población civil”. La advertencia, contenida en la última Alerta Temprana que hace la Defensoría del Pueblo al Gobierno de Iván Duque, explotó este fin de semana cuando 815 campesinos temieron morir en medio de los combates armados y emprendieron la huida desde las apartadas zonas rurales hasta la plaza principal del pueblo.

En chivas, buses que son el transporte del campo en Colombia, subieron sus pocos objetos y animales y huyeron hasta el casco urbano del municipio donde pasaron la noche en un colegio y en el coliseo de la población. El secretario del Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, confirmó que el desplazamiento es de seis veredas y que el gobierno regional hará presencia para entregar “kits de aseo, albergue y alimentación” para los campesinos que no tienen suficientes frazadas ni colchonetas. “Vamos a hacer presencia en Ituango para atender esta grave problemática de desplazamiento forzado. Queremos generar las condiciones para que estas personas puedan retornar prontamente a sus parcelas”, dijo.

Pero la realidad es más compleja. De acuerdo con Óscar Zapata, vocero de la ONG Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, la presencia de disidencias de las FARC, que no se sumaron al proceso de paz, y de grupos paramilitares llamados autodefensas gaitanistas (ACG), hacen que el riesgo sea permanente. “Entre los desplazados hay niños, adultos muy mayores e incluso 13 reincorporados de las FARC que sí le apostaron a la paz. Se requiere una voluntad real para una implementación de los acuerdos de paz, una política pública para desarmar esas estructuras paramilitares. No vemos una voluntad del Gobierno por desarticular esos escenarios de guerra¨, dice Zapata desde la población.

La Defensoría del Pueblo ha confirmado el diagnóstico en sus múltiples advertencias. “Al accionar de las llamadas disidencias del Frente 36, la expansión de las AGC y el surgimiento y actuación del Frente 18 Román Ruiz – Cacique Coyará se suma el fortalecimiento militar en general de estas estructuras armadas ilegales como consecuencia de un fuerte fortalecimiento económico originado en dinámicas trasnacionales asociadas al narcotráfico internacional”, indica el documento donde advierte al Gobierno nacional y exige acciones.

En la zona hace presencia el Ejército, pero esto no ha sido suficiente para detener el avance de estos grupos armados que aprovechan la topografía de la región como corredor estratégico de droga. Para la Defensoría, las amenazas contra la población van desde desapariciones forzadas, homicidios selectivos, masacre, violencia sexual, hasta accidentes por minas y/o armas trampa y enfrentamientos con interposición de población civil.

Este no ha sido el único desplazamiento sino el más grande. En febrero pasado, 120 excombatientes de las FARC que decidieron irse del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía (Ituango), donde aún viven muchos de ellos. La decisión tuvo relación con el asesinato continuado de exguerrilleros que le han apostado a la paz. De acuerdo con el informe al Consejo de Seguridad la Misión de Verificación de la ONU, desde la firma del acuerdo, solo en Ituango han sido asesinados 12 de ellos. A través de la Consejería de Estabilización, el Gobierno ha dicho que harán un “traslado” escalonado y “con protección de la fuerza pública en coordinación con representantes de las FARC” en los próximos meses.

Los exguerrilleros también alertaron esta crisis humanitaria. “Antes de hacer dejación de armas nosotros le advertimos al Estado que si ellos no cubrían esos espacios que íbamos a dejar seguro otros actores armados se iban a posesionar y seguía el conflicto. Es lo que ocurrió”, dijo a EL PAÍS Hermes Arrieta, desmovilizado, desde Ituango.

Si hay una población que resuma el círculo vicioso del conflicto colombiano esa es Ituango. Históricamente los civiles han sido víctimas de sucesivos grupos armados y las condiciones sociales y de accesos siguen siendo precarias. En la década de los ochenta vivieron bajo el imperio de las FARC, en los noventa sufrieron la expansión de los paramilitares, que cometieron la masacre de El Aro y La Granja, una de las más recordadas en Colombia por el desplazamiento de 700 campesinos aterrorizados. Después de anos de cruentos enfrentamientos, las FARC volvieron a imponerse en el territorio hasta 2016 cuando entregaron las armas en el marco del proceso de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, sin embargo, grupos paramilitares con nuevos nombres y disidencias vuelven a poner a los civiles en el medio. Y en Ituango creen que la cifra de 815 desplazados aumentará en los próximos días.

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