El Departamento de Justicia quiere rebajar la cifra de casi 700.000 casos a la espera de resolución en los tribunales de inmigración
El Gobierno estadounidense impondrá, a partir del próximo octubre, un sistema de cuotas para los jueces de inmigración que medirá sus resultados con el objetivo de reducir los retrasos en los procesos judiciales de deportación de inmigrantes indocumentados. El presidente Donald Trump ha abogado en el último año por acelerar la expulsión de inmigrantes como parte de su política restrictiva y la decisión del Departamento de Justicia es el paso más significativo en esa dirección.
Según el nuevo sistema, revelado este lunes por el diario The Wall Street Journal, para recibir una evaluación “satisfactoria”, se requerirá a los jueces que completen 700 casos al año y que menos del 15% de sus decisiones sean devueltas por un tribunal superior. En los últimos cinco años, cada juez ha gestionado de media 678 casos al año aunque algunos han llegado hasta los 1.500, según el Departamento de Justicia.
En algunas circunstancias, también se pedirá al juez tomar una decisión tres días después de la vista judicial para el 85% de los casos de inmigrantes que se encuentran detenidos tras su entrada irregular a EE UU.
Los sindicatos de los jueces, sin embargo, advierten de que el nuevo sistema podría socavar la independencia judicial y alentar mayores retrasos en el proceso dado que la defensa de los inmigrantes podría alegar no haber tenido tiempo suficiente para preparar el caso. A diferencia del resto de jueces federales, los dedicados a inmigración trabajan para el poder ejecutivo, lo que explica que el Departamento de Justicia tenga la potestad de establecer nuevos mecanismos.
En el último año, el Departamento de Justicia ha anunciado planes de contratar a más magistrados de inmigración para rebajar la lentitud del procedimiento de deportación. Casi 700.000 casos están atascados en los tribunales de inmigración a la espera de ser resueltos, según un estudio de la Universidad de Syracuse. En 2009, eran unos 225.000 casos.
El retraso conlleva que algunos de los inmigrantes indocumentados tengan que esperar varios años hasta que se fije una fecha para el juicio que decidirá si serán deportados o no de EE UU. Normalmente, durante ese intervalo de tiempo, se les autoriza a que trabajen en el país para poder tener recursos de subsistencia durante el periodo de espera.
Los sectores más críticos con la inmigración, abanderados por Trump, sostienen que lo que eso hace es alentar la inmigración irregular a EE UU. El Gobierno del republicano también se ha quejado de las limitaciones legales que establecen, por ejemplo, que un menor que ha cruzado ilegalmente la frontera no pueda ser retenido por la policía más de 72 horas y que las familias no pueden estar en centros de detención más de 20 días.
