A punto de cumplirse una semana desde que Nicolás Maduro pusiera en marcha las nuevas medidas económicas para Venezuela, el valor del bolívar, fijado en una tasa de 60 unidades por dólar tras la reconversión que le ha restado cinco ceros a la moneda local, ha seguido depreciándose en los mercados secundarios, ubicándose en algunos índices referenciales a 90, e incluso los 120 bolívares por unidad. Es decir, una devaluación cercana al 50% adicional a la del 96% que se reconoció oficialmente al lanzar la nueva moneda..
“La reacción inicial del mercado ha sido mala. La presión alcista en el dólar sigue”, opina Víctor Álvarez, economista, premio nacional de Ciencias y ministro en funciones en los tiempos del expresidente Hugo Chávez.
El nerviosismo de los mercados sigue empujando a los precios. El Gobierno del presidente Maduro está decidido a imponer, por la razón o la fuerza, sus decisiones por lo que ha publicado una lista de precios acordados de 25 productos de la cesta básica de consumo. Esta nueva normativa compromete a los empresarios y productores mediante un pacto a respetarlos y difundirlos. “Los acuerdos de precios no son tales”, asegura Álvarez, “a ese nivel no se pueden ni cubrir costos, y eso puede producir un recrudecimiento de la escasez y la inflación”.
El miércoles mientras continuaba la confusión respecto a la instrumentación del bolívar soberano, la Policía Nacional Bolivariana se llevó detenidos a Alejandro Quintana y Graziano La Rosa, gerentes de la tienda PlanSuárez, en Caracas, acusados de acaparamiento y recalculo fraudulento del nuevo bolívar. Maduro ya había advertido a los comerciantes que aquellos que no respetaran las tarifas establecidas serían capturados.
Los operativos de control de precios los lleva a cabo la Superindentencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde). Su presidente, William Contreras, lamentó que algunas cadenas farmacéuticas como Farmatodo y Farmahorro estén haciendo cálculos incorrectos del valor del nuevo bolívar y prometió investigarlos. No es la primera vez que se usan desde el Estado este tipo de prácticas punitivas: en los últimos años ejecutivos del comercio Día a Día han sido acusados de especulación, enviados a prisión durante algunos meses, y liberados a posteriori con alguna medida judicial sustitutiva.
Al mismo tiempo, el fiscal general, Tarek William Saab, ha mostrado su disposición a colaborar con el poder ejecutivo en la penalización de lo que denominan “delitos económicos” encargando a más de 100 fiscales en todo el país para ayudar a la Policía y la Guardia Nacional en la salvaguarda de los precios del Gobierno. “En un estado de terror, la inversión productiva se aleja”, afirma el economista.
La nueva lista deja la cesta básica en un costo total de 117.000 bolívares soberanos. El kilo de carne, por ejemplo, se ha establecido a 90 bolívares, un precio similar al que tenía con el viejo bolívar. La leche pasteurizada y el cartón de 30 unidades de huevos se han tasado respectivamente en 48 y 81 bolívares soberanos.
Francisco Rodríguez, presidente de la firma Torino Capital, considera que “este proyecto tiene serios problemas de credibilidad: sale de un gobierno que tiene años imprimiendo dinero sin respaldo y ha producido severas distorsiones fiscales y presupuestarias. El gobierno promete disciplina fiscal, pero pocos le creen”. Los expertos consultados coinciden en que “hay pocas razones para que los actores económicos sean optimistas”.
Restricciones a la compra de divisas
“Hay un elemento que conspira contra el plan de Maduro: se mantienen algunas restricciones en la adquisición de divisas”, asegura Rodríguez. “En cualquier esquema de estabilización donde el tipo de cambio juegue un rol para realinear las expectativas, tiene que haber libre convertibilidad.”
El Gobierno ha autorizado la compra y venta de divisas sin intermediarios, pero ha colocado unos límites claros a sus montos mediante subastas y asignaciones. Rodríguez opina que los niveles de escasez actual –algo atenuados respecto a los de hace unos meses- se van a mantener.
El descontrol del tipo de cambio y la consolidación de expectativas negativas (consecuencia de los nuevos aumentos de precios) están inscritos en el fenómeno que, dentro de la interpretación del chavismo, se ha denominado “la guerra económica de la burguesía”.
