El Gobierno peruano declaró en emergencia este martes tres distritos del departamento de Tumbes, fronterizo con Ecuador, “por peligro inminente de afectación de la salud y saneamiento” ante el incremento de la inmigración de ciudadanos venezolanos, que llegó a la cifra récord el 11 de agosto de más de 5.100 atendidos por el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Tumbes.
Un decreto supremo publicado en el diario oficial establece el estado de emergencia por 60 días en los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla, de la provincia de Zarumilla, y el distrito de Tumbes en la provincia del mismo nombre, dado que ha sido “sobrepasada la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Tumbes al incremento de la migración internacional proveniente del norte”.
La declaración de emergencia es una condición que facilitará las acciones de “reducción del muy alto riesgo” a cargo de los ocho ministerios que firman la norma: Salud, Defensa, Interior, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Economía, Vivienda y Saneamiento, Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores, y la Presidencia del Consejo de Ministros.
Hasta el jueves pasado habían ingresado a Perú 400.200 venezolanos y este martes la cifra ascendió a 414.011 personas. Según la Superintendencia de Migraciones, en la última semana el promedio diario de venezolanos que ingresan a Perú se ha reducido a 1.200 personas cuando fue de 3.500 antes del requisito del pasaporte. Por otro lado, el vicecanciller Hugo de Zela informó que de las más de 100.000 solicitudes de refugio de venezolanos en Perú, la Cancillería solo ha aceptado menos de 100 casos. “La mayoría son migrantes y no refugiados”, reporta el diario La República.
En las dos últimas semanas, una gran cantidad de inmigrantes ha tenido que dormir en plazas y la vía pública en las localidades de Tumbes al no encontrar albergue. El fin de semana, voluntarios peruanos y ecuatorianos se acercaron a la frontera a repartir alimentos a los migrantes que hacían cola para ingresar a Perú. Algunos de ellos, debido a las condiciones duras del viaje y el poco presupuesto, llegan debilitados o requieren atención de salud.
El viernes 17 de agosto el Gobierno peruano anunció que a partir del sábado 25 exigiría la presentación del pasaporte en vez de la cédula de identidad para el ingreso al territorio. El ministro de Interior, Mauro Medina, explicó que el nuevo requisito era una medida de seguridad porque el documento de identidad venezolano es fácil de falsificar.
En ese contexto, el analista internacional Óscar Vidarte comentó a EL PAÍS que “la migración venezolana se está volviendo impopular con pocas bases reales, y al estar cargada de alto contenido de xenofobia termina siendo politizada”. “El Gobierno (con este requisito) busca que esta ola no se acreciente”, señala.
Sin embargo, organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Perú y el director de Migración de Colombia se pronunciaron contra esa nueva exigencia que podría derivar en migración ilegal y redes de tráfico de personas, y también porque desconoce la situación de crisis humanitaria que afrontan quienes huyen de Venezuela.
El sábado que entró en vigor el requisito. Sin embargo, el canciller peruano Néstor Popolizio anunció que el Gobierno no dejaría “a ningún venezolano fuera de la frontera”, y que podrían admitir sin pasaporte venezolano a menores de edad, a sus padres, gestantes y adultos mayores. También refirió que en otros casos podrían admitir a los inmigrantes sin pasaporte con un pedido de asilo o refugio.
El miércoles las autoridades de Migración de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunirán en Lima para adoptar criterios similares acerca del ingreso de los inmigrantes venezolanos en los cuatro países. Este martes, Colombia y Perú acordaron crear una base de datos conjunta de los venezolanos que abandonan su país para mejorar la atención de la emergencia migratoria.
