La destrucción depende de la eficiencia de los agitadores-destructores: la CUP y Puigdemont
Qué fácil es arruinar un país (Cataluña). O dos (y España), por el precio de uno.
Basta aplicar una triple receta: una hoja de ruta para generar “inestabilidad económica”; una alianza con partidos antisistema (la CUP); y un golpe parlamentario que te coloque en la ilegalidad y hunda así a tu nación en la desconfianza de los inversores y de la civilización.
El impacto de esta nefanda coyunda es la caída en un tercio de las ventas de coches; la parálisis de los créditos inmobiliarios para inversión (aún no para uso propio); el éxodo de sedes de 2.000 empresas; el derrumbe de reservas hoteleras; y la postergación de inversiones internacionales (hasta el 55%, según la encuesta de Kreab (Spain as an investment opportunity)…, todo ello apenas compensado por la pausa de alivio de una intervención compleja y una difícil convocatoria electoral.
La reacción de estudiosos y mercados tardó y fue tímida. Primero, el Gobierno recortó (16/10) en dos décimas el crecimiento español para este año y en tres (al 2,3%) el de 2018 en su plan presupuestario enviado a Bruselas.
Enseguida, la Autoridad Fiscal Independiente (AireF) cifró en una décima negativa —hasta el 3%— el impacto para este año, pero entre 4 décimas y 1,2 puntos (13.000 millones de euros) en 2018. Cada punto de menor crecimiento catalán supondría que el PIB español capotaría dos décimas (Informe sobre las previsiones macroeconómicas del proyecto del plan presupuestario de 2018).
Enseguida la Cámara de Barcelona rebajó (el 24/10) el crecimiento catalán del 1,1% en el segundo trimestre al 0,5% en el cuarto. Aunque en promedio anual la caída sería mucho más modesta y el año próximo, de solo dos décimas. Claro que “el daño ya está hecho”, rubricó su presidente, Miquel Valls.
En el BBVA ascendieron el suave castigo (el 27/10) a tres décimas para 2018.
En la medida que la crisis se trocó en chapapote, con la declaración de independencia del 27/10 y la saga-fuga de Carles Puigdemont y acólitos a Bruselas, los servicios de estudios ratificaron y/o ennegrecieron sus previsiones (que quizá actúen en parte como profecías autocumplidas), en espiral acción-previsión.
Los trabajos fundamentales de cálculo de esta última fase han sido dos, ambos del 2 de noviembre. De un lado, la AireF, en su Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos de 2018 de la comunidad autónoma de Cataluña, se reafirmó en que el coste de esta crisis en 2018 para España oscilaría entre 0,4 puntos y 1,2 puntos y que de prolongarse generaría “impactos negativos crecientes”.
El Banco de España, en su Informe de estabilidad financiera, de igual fecha, cifró el impacto eventual de la incertidumbre catalana en tres décimas para este año (3.000 millones de euros) y hasta 2,5 puntos largos el próximo ejercicio (27.000 millones). Y el BBVA las redujo el 6 de noviembre a dos décimas en 2017 y a cinco décimas en 2018.
Casi todo dependerá del empeño de los destructores de la economía. De si la CUP y otros radicales indepes siguen ejecutando huelgas como ayer…, pero con éxito. De si Puigdemont acentúa la incertidumbre política y su febril ataque a la Europa que le acoge hace mella.
