Las bandas criminales siembran el desorden en 46 ciudades de Ceará para protestar por la dispersión de sus líderes encarcelados
Trasladarse de un punto a otro en la ciudad brasileña de Fortaleza, en el noreste de Brasil, se ha convertido en misión casi imposible desde que empezó el año. Los ataques incendiarios contra los autobuses han dejado el sistema de transporte público diezmado y han quintuplicado el precio de una carrera de Uber. Las calles están inundadas de basura, que dejó de ser recogida después de que los camiones de recogida fueran atacados. Y los comercios tienen prohibido abrir, bajo amenaza de represalias del crimen organizado. Este caos es fruto de los atentados orquestados por bandas criminales que pretenden paralizar la dispersión de sus líderes presos por presidios federales (que busca debilitar los grupos criminales). Esta es la primera crisis de seguridad del nuevo Gobierno, que encabeza Jair Bolsonaro y del juez que le acompaña al frente del Ministerio de Justicia, Sérgio Moro.
Los delincuentes han llevado el caos a Fortaleza, la capital, y a 46 ciudades más del Estado de Ceará con 187 ataques contabilizados. “En mi barrio (los delincuentes) han ido a las tiendas diciendo que había que cerrar. Los que intentaron abrir vieron que pasaban por las calles para ver si alguien había abierto. Dicen que todo el mundo se tiene que quedar dentro de casa, que si no queman todo”, relata una vecina de Caucaia, la segunda ciudad del Estado.
Los ataques son cada vez más osados —los delincuentes han volado con explosivos dos viaductos y un puente— y no han cesado ni siquiera con el envío de 400 policías de un cuerpo de seguridad federal, ordenado por Moro, lo que muestra el reto que la escalada de las facciones en Brasil impone a la política de seguridad del gigante sudamericano.
Un desafío que atañe al Gobierno federal y al Gobierno estatal de Ceará, en manos del opositor Partido de los Trabajadores, blanco de todo tipo de acusaciones por parte del nuevo presidente y sus seguidores.
Ceará vive una situación sin precedentes por el momento. Los mensajes intercambiados por los reclusos de las bandas criminales apuntan a que, esta vez, han llegado a un acuerdo entre ellas. Dejar de atacarse y atacar juntas un objetivo específico: el Estado. Y la ineficiencia en la respuesta contra la delincuencia organizada ha dejado, esta vez, a toda una población rehén. Hasta ahora 358 personas han sido detenidas, según el Gobierno.
El terror impuesto por las facciones ha transformado la vida de los habitantes de Ceará en un caos y los comercios se han visto obligados a echar el cierre en plena temporada alta de verano, momento fundamental para enfrentar la crisis económica.
Nada indica que los ataques vayan a cesar en breve. El gobernador Camilo Santana, del PT, asegura que no va a dar un paso atrás en su decisión de dispersar a los líderes de las bandas encarcelados para debilitar sus estructuras. Veintiún cabecillas han sido trasladados a prisiones fuera del Estado gracias a un acuerdo entre Ceará y el Ministerio de Justicia.
Con casi 30.000 internos, más de la mitad en prisión provisional, la población reclusa es una piedra en el zapato estatal. Prácticamente se ha duplicado en seis años, junto al aumento geométrico de los índices de delincuencia. Y es desde los penales desde donde provienen gran parte de las órdenes de asesinatos que convirtieron a Fortaleza el año pasado en la segunda ciudad más violenta de Brasil y la séptima del mundo. Hace años que el crimen organizado, dividido en grupos, coopta novatos y dirige la violencia en las calles.
Ahora, por primera vez, el Estado —en la figura del recién investido secretario de Administración Penitenciaria, Luís Mauro Albuquerque— combate de frente a la delincuencia organizada y dice con todas las letras no reconocer a las facciones.
El gobernador recalca que “la represión a los delincuentes va a continuar”, pero la situación no se ha atenuado ni con la llegada de los cien policías militares que el Gobierno de Bahía envió como refuerzo, con la convocatoria apresurada de agentes de seguridad aprobados en oposiciones, ni con la llegada de tropas federales. “Ya he instado a la cúpula de seguridad a que dedique todos los esfuerzos necesarios. Los líderes de las bandas están siendo identificados y los traslados a centros penitenciarios federales están en marcha. No habrá tolerancia con el crimen “, aseguró el petista Santana en una nota en Facebook, el medio que más usa para comunicarse con la población durante la crisis.
El gobernador Santana critica, duramente incluso, a su partido por, según él, no haber discutido el problema de la seguridad pública adecuadamente ni en las últimas elecciones presidenciales ni durante las gestiones de los expresidentes Lula y Dilma Rousseff. “Brasil ha sido dominado por bandas criminales por omisión de los Gobiernos. Hasta el Gobierno que fue presidido por mi partido fue omiso”, acusó esta semana en una entrevista a BandNews. A pesar de que el Ejecutivo afirme que invirtió 1.800 millones de reales [más de 422 millones de euros] solo en seguridad pública entre 2015 y 2018, hace años que el Estado sufre un aumento de la delincuencia con estrategias criticadas por especialistas.
Todavía no se sabe hasta cuándo los agentes de la Fuerza Nacional permanecerán en Ceará o si el Gobierno estatal pedirá más refuerzos policiales. Pero la situación de Ceará deja expuesto el desafío al que se enfrenta el diseño, todavía poco claro, de la seguridad pública en la gestión de Bolsonaro. Hay, ahora, un temor de que la ola de amenazas de las facciones se propague por otros Estados brasileños, cada vez más rehenes de los grupos violentos.
Los contados autobuses que circulan van con escolta policial. ”Somos rehenes de esa espera. No hay nada que hacer, porque ¿quién va a pagar 100 reales [algo más de 23 euros] por una carrera de Uber? Solo queda esperar y poder coger un autobús abarrotado de gente. Normalmente ya es malo, pero ahora está horrible”, resume la cuidadora de ancianos Érica Dantas.
