El 28 de febrero, unas horas antes de que se venciera el plazo para publicar las reglas de operación de los programas sociales, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Bienestar para niñas y niños hijos de madres trabajadoras, con el que abrogan el Programa de Estancias Infantiles.
El nuevo programa no garantiza en nada el bienestar, la seguridad ni el desarrollo de los niños. Viola el principio del interés superior de la niñez y afecta a 330.000 niños, madres trabajadoras y a 60.000 responsables de estancias y asistentes que perderán sus empleos.
Tal parece que al actual Gobierno le importa crear clientelas, pero no construir o mejorar políticas públicas en beneficio de la población. Primero descalifican y tiran a la basura. Después averiguan. Así lo han hecho durante estos primeros 100 días de Gobierno. Sin embargo, en este caso se trata de los grupos más vulnerables de nuestra población: niños y niñas, menores con discapacidad y madres trabajadoras.
Menciono los aspectos centrales del programa de estancias infantiles que no fueron contemplados en el nuevo programa y eran fundamentales para su correcto funcionamiento:
- El nuevo programa se enfoca solo a las zonas indígenas y de más alta marginación del país, dejando fuera a todas las mujeres que viven en condiciones de pobreza urbana, que trabajan y que no cuentan con seguridad social ni con recursos propios para pagar los servicios de cuidado infantil. Esto representa una regresión en el goce de un derecho a la protección social y a la libertad del trabajo.
- Se reducen los montos de los apoyos: de 950 a 800 pesos mensuales y de 1,800 a 1,600 pesos para madres con hijos con alguna discapacidad. Es impensable que a una madre le alcancen 800 pesos para el cuidado de su hijo. Ésta es una reducción irracional, cuando una guardería del IMSS cobra cerca de 3.000 pesos por niño y un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) del DIF nacional cobra 6.000. Además, no hay una lógica en la definición de los montos de los apoyos sociales. Mientras un joven que no trabaja recibe 3.500 pesos mensuales, una madre que requiere del apoyo del Estado para poder conciliar trabajo y familia recibe casi la cuarta parte. Esta medida es discriminatoria, misógina y machista, además de que menoscaba un derecho social y económico adquirido.
- No vincula la entrega de apoyos con la asistencia de los niños a centros de cuidado infantil. Los apoyos se entregan directamente a la madre trabajadora y, de acuerdo con las nuevas cédulas para recabar información de los beneficiarios, estas pueden ejercer el recurso como mejor lo consideren, sin que ello implique garantizar la seguridad, desarrollo y cuidado del menor. De hecho, ahora que están censando a las mamás les dicen: “Usted sabe si con ese dinero que le da el Gobierno sigue pagando la guardería o paga a algún familiar, a su suegra, a su mamá, a quien usted quiera para que le cuide al niño”.
- Las nuevas reglas de operación no establecen mecanismos de supervisión de los centros de cuidado infantil, con lo cual, en el mejor de los casos en que una madre decida gastar el apoyo en llevar a su hijo a uno de estos centros, nadie le garantiza que opere con personal capacitado y certificado y bajo medidas básicas de seguridad, atención, salud e higiene. Si el presidente López Obrador quería evitar un accidente como el que sucedió en la guardería ABC del IMSS, está haciendo todo por ocasionarlo, pues estos centros operarán sin reglas y supervisiones regulares, a diferencia de cómo lo hacían las estancias infantiles.
- Se excluye a los niños y niñas hijos de madres y padres trabajadores con seguridad social, con el argumento de que estos niños pueden ser atendidos en una guardería del IMSS. No toman en cuenta que si hoy no hacen uso de esta prestación es porque dicha institución carece de suficiente cobertura y sus guarderías están saturadas.
Este acto de autoridad, que no fue fundado ni motivado, viola derechos humanos, económicos y sociales además del interés superior de la infancia y pone en riesgo a niñas y niños. Ante la sordera del presidente y su equipo, el siguiente paso será pelear estos derechos en tribunales nacionales y, de ser necesario, acudir a instancias internacionales para en defensa de los más vulnerables.
