El Ejecutivo comunitario investiga la venta de pescado adulterado para que parezca más rojo y fresco
La Unión Europea ha exigido a España medidas urgentes contra un fraude alimentario con atún adulterado que podría haber intoxicado a cientos de personas en varios países de la Unión.
El origen de la crisis está en lomos de atún descongelados que se venden como fresco que no han sido conservados como exige la ley y a los que se inyectan extractos de remolacha u otros vegetales. Estos aditivos contienen nitritos que cambian el color del pescado del marrón al rojo intenso y hacen que parezca más fresco de lo que es.
El fraude se centra en un pescado cada vez más demandado para hacer sushi y otros platos y que se vendería en pescaderías o envasado en supermercados a precios más baratos que el prohibitivo atún rojo (Thunnus thynnus). El engaño detectado afectaría a unas 25.000 toneladas de atún cada año y supondría unas ganancias de 200 millones de euros, según calcula la Comisión Europea en documentos y cartas a las autoridades españolas a los que ha tenido acceso este periódico.
En octubre del año pasado, el ejecutivo comunitario informó por carta a Alfonso Dastis, actual ministro de Exteriores y entonces representante permanente de España ante la UE, de que representantes de la industria pesquera europea les habían advertido del fraude. Al menos dos alertas por intoxicación alimentaria en Italia y Francia tenían su origen en atún fresco vendido por una empresa radicada en España, señalaban. Se trataba de casos de escombroidosis, una intoxicación alimentaria que causa urticarias, vómitos y diarrea debidas a que el pescado contiene niveles altos de histamina.
El pescado se congela nada más ser capturado. Según la ley europea, si se va a vender fresco debe ser conservado a 18 grados bajo cero y nunca puede subir de esa temperatura hasta que se descongela para la venta al consumidor. En cambio, los ejemplares que se congelan en salmuera, a nueve bajo cero, solo pueden venderse en conserva. El fraude detectado por la UE “podría estar relacionado” con las alertas sanitarias y consistiría en vender como fresco atún que solo se podía dedicar a enlatado y que además ha sido tratado con aditivos ilegales para cambiar su aspecto, lo que supone un engaño al consumidor, según la UE. “Mientras el consumidor piensa que el producto es fresco y de buena calidad, en realidad puede contener gran cantidad de histamina que puede causar fuertes reacciones alérgicas”, explicaba la misiva, de dos páginas.
Desde entonces se han disparado las alertas por intoxicaciones de este tipo dentro y fuera de España. En lo que va de año van 171 afectados, cuando en 2016 hubo apenas 25 y en 2015, 63, según la Comisión Europea. A estos casos, detectados en uno o más países y originados por pescado llegado de un tercer país, habría que sumar los que afectan a un solo Estado y que registran las autoridades sanitarias nacionales. Es el caso de España, donde en mayo hubo 105 intoxicados en varias comunidades autónomas después de comer atún distribuido por una empresa almeriense. La crisis obligó al Ministerio de Sanidad a retirar lotes en toda España y a pedir a los consumidores que no comiesen atún fresco si no estaban seguros de su procedencia. La Guardia Civil investiga a siete personas por un presunto delito contra la salud pública por este caso.
España no ha conseguido solucionar el problema y el atún fraudulento sigue llegando al mercado desde establecimientos españoles, según la Comisión. En junio y julio de este año expertos del ejecutivo comunitario acompañaron a las autoridades españolas en una inspección de 13 empresas que comercializan atún en Cataluña, Valencia, Madrid, Murcia, Andalucía y Galicia. Las conclusiones oficiales confirman que algunas de esas empresas siguen vendiendo como fresco atún que solo debía servir para enlatado y usando aditivos. “El cambio de color es claramente visible y puede inducir al consumidor a pensar que el producto es fresco”, denuncia el informe de cuatro páginas, remitido el 14 de septiembre a Pablo García-Berdoy, actual representante permanente de España ante la UE. “Agradeceríamos que las autoridades españolas expliquen cómo es posible que después de los resultados de la misión conjunta las empresas sigan vendiendo atún tratado de forma ilegal”, añade la carta.
Después de que llegaron las primeras alertas, la venta fraudulenta se redujo un 30%, pero sigue sucediendo, alerta la Comisión. Eventualmente son las autoridades de salud pública de cada región las que deben tomar medidas para evitar el fraude, algo que, según denuncia ahora la Comisión, no parece haber sucedido.
“Si estas actividades no cesan rápidamente y, dado que constituyen un riesgo claro para la salud de los consumidores europeos, la Comisión no dudará en tomar cualquier medida necesaria para detener la circulación de estos productos en la UE”, explica un portavoz del ejecutivo de Bruselas. “Las medidas posibles incluyen prohibir el atún fresco que proceda de los establecimientos donde se ha confirmado fraude”, añaden las mismas fuentes, que no identifican a las empresas involucradas.
El Gobierno no aporta detalles sobre qué medidas se han tomado después de las advertencias de la UE. El Ministerio de Sanidad se remite a las notas informativas que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha enviado a todas las comunidades autónomas advirtiendo de que el tipo de tratamiento del pescado que describe la Unión Europea es ilegal. El de Medio Ambiente señala que “ha convocado a las autoridades pesqueras competentes en cada comunidad autónoma para evaluar dicha situación”, y “está trabajando conjuntamente con las autoridades sanitarias y de fraude alimentario para, entre todos, proceder con el análisis y las investigaciones pertinentes”.
La industria pesquera desvincula el fraude del atún de las intoxicaciones registradas. “No hay un problema de salud pública, los consumidores pueden estar tranquilos porque el atún está en perfectas condiciones”, explica Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) y presidente de Europeche, su homóloga europea. Sí reconoce que “en estos momentos hay una gran discusión con la Comisión Europea por su interpretación de la ley de que el pescado congelado por encima de los -18º no se puede vender más que en conserva y no sabemos si será un problema que llegue a los tribunales”, detalla.
Este lunes el ejecutivo comunitario anunció a España que va a realizar una nueva inspección oficial de empresas que venden atún para comprobar si funcionan los controles alimentarios de cada comunidad y saber qué medidas han tomado para acabar con el fraude. También da a España hasta finales de mes para explicar qué ha hecho para poner fin a estas prácticas.
